El prólogo a la sesión de control, en la que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, responde cada jueves a las preguntas de los portavoces de los grupos de la cámara, ha sido la intervención ajustada a guion, apenas audible y sin formas de debate político -“soy técnica”- de la consejera de Salud, Rocío Hernández.
Así que ha tenido que ser Moreno el encargado de marcar la estrategia ante la nueva situación a la que se enfrenta su Gobierno: la investigación iniciada por el juzgado de Instrucción número 13 por la denuncia presentada por el PSOE, el pasado 20 de junio, por los contratos exprés del SAS, con 300 millones en el foco.
Se le suma, la lupa que ha puesto la Intervención General en su informe por la gestión en Salud a lo largo de 2021 mediante fraccionamiento de contratos. En este caso, 458 millones están, según el máximo órgano fiscalizador bajo sospecha, tras analizar contratos en cuatro provincias: Málaga, Cádiz, Huelva y Jaén.
El argumento de defensa: en 2018, hubo 791 millones en contratos menores
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El equipo del presidente ha encontrado, según parece, una vía por la que frenar este asunto: antes el PSOE hizo lo mismo y peor. “Los contratos menores existen y existen siempre, vamos a empezar a explicarnos”, ha arrancado el presidente en respuesta a Juan Espadas. La estrategia podría llamarse el espejo de aumento. Moreno contiene las formas y los nervios, pero esta sesión ha sido diferente. “Esto le importa un carajo a la gente”, traslada su entorno más estrecho. “¡Cómo miremos atrás!”, añaden.
Según los datos aportados por el presidente, en 2018, el último año del Ejecutivo del PSOE, las ocho centrales del SAS realizaron un total de 791 millones de euros en contratos menores “y no había pandemia ni emergencia sanitaria”. “Cada vez que habla de corrupción es directamente refractario a su grupo”, ha advertido Moreno al líder del PSOE.-A
En su segunda intervención, el líder popular ha reprochado a Espadas que en su tiempo de alcalde “9 de cada 10 contratos eran menores en el Ayuntamiento de Sevilla, a dedo“, según el informe del Tribunal de Cuentas de 2019. Toni Martín, portavoz del PP en la cara, le ha calificado como “el rey del contrato menor”. También le ha reprochado las contrataciones menores en su etapa de consejero de Vivienda en 2009.
Un dato que Espadas le ha devuelto con una pregunta: “¿Qué viene a decir aquí: si lo sabía, por qué no denunció?” y ha aclarado “es el fraccionamiento de los contratos menores lo ilegal, no los contratos menores”. El líder socialista considera que “o bien no le están informando bien o bien no están contando aquí lo que sabe”.
En el 0,19% de los contratos estudiados por la Intervención General, en cuatro provincias en 2021, desvelan miles de contratos menores “en fraude de ley”, con los que el SAS habría adjudicado a dedo 458,3 millones de euros a empresas de forma recurrente y sorteando las garantías que requieren la licitación pública. 2
Intervención de la Junta advierte en su informe sobre la posibilidad de elevar un “informe de actuación” al apreciar indicios delictivos si no corrige el procedimiento antes de fin de año. Ese informe es el que aprieta el botón rojo y obliga a la administración a actuar de forma urgente ante indicios de irregularidades-
“458 millones, quédese con el dato”
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Para cuando el presidente andaluz ha empezado a responder a las preguntas de la oposición, el asunto ya había llegado a los titulares nacionales y a los cuarteles generales PSOE y PP en Madrid ante un caso que ha monopolizado una sesión incómoda para Moreno. En Génova, el mensaje es que “hay mucho nerviosismo en el PSOE”.
El barón popular ha escenificado calma y temple en las formas, pero no ha podido esconder un rictus distinto a sus habituales intervenciones, cómodas ante una oposición habitualmente deslavazada y sin mordiente. No sólo han sido los gestos, sino también las fórmulas utilizadas para responder un asunto que el PP trata de tildar de “cortina de humo” ante el escándalo de la Faffe, ahora en fase de juicio. 34 minutos ha tardado en usar ese comodín el presidente.
Lo hecho durante su respuesta a Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía (marca regional de Sumar). Se ha llevado la diputada de IU un retrato gratis. Moreno, de forma inaudita, ha pasado al plano personal: “La veo tan triste, ofuscada, rabiosa y gris, que trato de empatizar con usted ante tanta oscuridad”, le ha respondido a la pregunta directa desde la bancada de la izquierda: “¿Qué ha pasado? Explíquenos”.
Para Moreno, “hay que hablar de cosas importantes, el ruido no interesa”. Para Nieto, ¿cómo no le va a importar a la gente que cuando piden cita la agenda de su médico está cerrada o le dan cita para dentro de 15 días?.
“458 millones, quédese con esa cifra porque le va a acompañar toda la legislatura“, le ha advertido el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. El diputado gaditano ha tirado de ironía: “¿De esto quién tiene la culpa: Sánchez, los catalanes, Puigdemont?”.
“Es un modus operandi, no un expediente particular”
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Una hora antes de la intervención de Moreno en el pleno, Juan Espadas, secretario general del PSOE, ha dado una rueda de prensa, con amplia convocatoria de medios, para explicar los detalles de esta denuncia. Hasta ahora su grupo no ha querido informar al respecto del estado de esta denuncia “para que el juez estudiara si hay caso o no hay caso con serenidad y sin presiones”, ha insistido.
Por otra ha aclarado que esta investigación que inicia a la justicia es la relativa a una “investigación”los 300 millones de los contratos exprés”, un procedimiento de urgencia por el que la consejería de Hacienda ya pidió en un informe de 2021 que se derogara este sistema de contratación, puesto en marcha por las circunstancias de la pandemia, pero que pese a estas advertencias se extendió hasta 2023.
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Sobre los 458 millones de euros en contratos menores, el líder del PSOE ha explicado que serán sus abogados los que recomienden una denuncia en paralelo o una ampliación a la ya presentada en el juzgado. Para Espadas, se trata de un “modus operandi, no un expediente particular, perfectamente orquestado por el Gobierno de Andalucía para beneficiar a empresas privadas con fondos públicos”.