La Confederación Salud Mental España, reclama la eliminación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula los ingresos psiquiátricos involuntarios. Esta entidad considera que esta norma viola abiertamente los derechos humanos de las personas discapacitadas. El presidente de la Confederación, Nel González, sostiene que dicho artículo “legaliza la mayor violación de derechos humanos”. Así lo ha denunciado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Para González, este texto legal choca con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y debe ser suprimido y sustituido por otra normativa.
Segú la Confederación los ingresos y tratamientos involuntarios no deberían tener cabida en el ordenamiento jurídico español, salvo en casos de urgencia vital. La actual ley permite un ingreso forzoso incluso sin autorización previa de un juez, si se dan razones de “urgencia”. Es después del ingreso que el juez deberá “ratificar” la decisión. Las entidades de familiaries y usuarios de la salud mental recuerdan la vulnerabilidad de las personas con problemas de salud mental en España debido a la falta de recursos y a un modelo de atención que no aborda su complejidad.
Nos tenemos que preguntar, como sociedad, qué tipo de modelo de atención queremos ofrecer a las personas
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Un estudio de la Confederación realizado con Mutua Madrileña el año pasado mostró que cuatro de cada diez personas valoran negativamente su salud mental, y el 22,8% de la población tiene experiencia directa en este ámbito. El 18,9% consume psicofármacos.
Ingresar sin autorización del juez por “razones de urgencia”
El artículo que la entidad propone suprimir incluye, entre otros, estos aspectos:
1. El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento.
La autorización será previa a dicho internamiento, salvo que razones de urgencia hicieren necesaria la inmediata adopción de la medida. En este caso, el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y, en todo caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida, que deberá efectuarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal.
En los casos de internamientos urgentes, la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento. Dicho tribunal deberá actuar, en su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente Ley.
2. El internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe de los servicios de asistencia al menor.
3. Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado, el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. En todas las actuaciones, la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente Ley.
En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación.
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La propuesta de Salud Mental
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Esta entidad propone incorporar las siguientes garantías: que se el juzgado de primera instancia el que se encargue de ello, que sea a solicitud de una unidad de atención social u hospitalaria; que intervenga la fiscalía; la persona en situación de emergencia vital con un abogado o las asociaciones del sector; mientras el juez decide, la persona estará en urgencias. Si el juez autoriza el ingreso, se hará preferentemente en un alojamiento social del sistema de atención integral psicosocial o, si no se considera adecuado, en un centro sanitario.
Una experiencia sometida a debate
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El ingreso psiquiátrico, y en concreto el ingerso involuntario, es -según los protagonistas y los profesionales- una experiencia intensa, que remueve a quien la vive y a sus familiares. Cuestiones como pérdida de libertad, abuso de medicación, despersonalización, pero también tratamiento de emergencia, alivio para el paciente y su familia y recuperación, están encima de la mesa en estas circunstancias.
“¿Cómo queremos cuidar la salud mental?”
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González también ha recordado que el 26% de la población acude a especialistas en salud mental, el 42% ha vivido con depresión, el 47% ha tenido ataques de ansiedad o pánico, y el 36% ha experimentado ansiedad prolongada. “Ante esta realidad preocupante, nos tenemos que preguntar, como sociedad, qué tipo de modelo de atención queremos ofrecer a las personas”, comentó.
La Confederación propone equipos interdisciplinares, inclusión de grupos de pares, planes personales de futuro, y la designación de personas de confianza. También subrayó que factores externos como la precariedad, las desigualdades o el acceso a vivienda y empleo tienen una influencia directa en la salud mental.
Trabajo y salud
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Además, y en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebrará el 10 de octubre, la Confederación ha centrado su atención en la relación entre trabajo y salud mental, pidiendo a las empresas que implementen sistemas de apoyo y adaptaciones para las personas con problemas de salud mental. González remarcó que “solo el 12,9% de quienes tienen un diagnóstico en salud mental lo comparten con sus compañeros de trabajo”, lo que refleja el estigma existente.
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Finalmente, González alertó sobre la precocidad de los trastornos mentales, ya que la mitad aparecen antes de los 14 años, y el 70% antes de los 18. Además, el 59,3% de los jóvenes ha tenido problemas de salud mental, y un 28% no puede permitirse terapia. El 14,5% de la población ha tenido ideas suicidas o intentos de suicidio.